Autoritarismo y desacato

(El Universo, 02/10/2011; La Nación 03/10/2011)

Entre los muchos aportes de la Sala Constitucional de Costa Rica a la libertad de expresión y a la democracia, se encuentra haber eliminado del Código Penal el delito de desacato (Art. 307).
Es enriquecedora la referencia histórica hecha por el alto tribunal en sentencia V-412 de 24 de abril de 1.990, de acuerdo a la cual el ordenamiento jurídico costarricense incorporó el desacato como herencia autoritaria de Argentina (1863), de España (1887) y de la Italia fascista. Cometía el delito quien injuriaba o de cualquier modo ofendía la dignidad o decoro de un funcionario público, con motivo de sus funciones; el carácter abusivo de la norma cerraba con la prohibición -al ciudadano acusado penalmente- de probar la verdad de cuanto hubiera dicho (exceptio veritatis). Era la mayor manifestación de exceso de poder, pues resultaba suficiente que el funcionario público se diera por lesionado para declarar la culpabilidad del autor de las supuestas ofensas e imponerle sanciones penales y económicas.
La figura del desacato era un artificio legal para condenar sin prueba y de esa forma conculcar tres principios del proceso penal democrático: (i) el derecho de defensa, (ii) la presunción de inocencia y (iii) el beneficio de la duda (in dubio pro reo). Sabia fue la Sala Constitucional al excluir esta figura penal, que no era sino una herramienta tiránica barnizada de juridicidad para perseguir a quienes ejercían su libertad de expresión.
Lamentablemente, después de pasos importantes por la consolidación de la democracia en el mundo, se vive un retroceso claro e indiscutible en aquellos lugares donde se han asentado los «caudillos democráticos» (Volpi), caracterizados por el culto a su personalidad, la tentación de perpetuarse en el poder a través del control de la sucesión presidencial y la intolerancia a la crítica. No importa el signo con que se auto-defina el caudillo, lo claro es la regresión a las dictaduras de los 40’s a 80’s, violadoras de derechos fundamentales comenzando por la libertad de prensa y el derecho a la información. Sin embargo, no son tiranías descaradas sino vergonzantes pues se valen del sistema al utilizar la ley. ¿Acaso «dictaduras democráticas» será la denominación precisa?
Allí todavía está vigente el delito de desacato para -en el nombre de la opacidad, de la corrupción, del secretismo, del abuso y del gobierno como negocio particular- perseguir a quien denuncie públicamente, a quien ejerza la libertad de expresión, a quien vigile por los intereses ciudadanos; en suma: para reprimir a quien “incordie”. De este modo se perpetúa y expande el autoritarismo; cada vez vale más el gobernante, menos el ciudadano y decrecen los ámbitos de libertades individuales.
Es una verdad indiscutible: la credencial de dictador también se construye sobre sentencias por desacato. Al final del día este será el signo de identificación histórico de los gobernantes autoritarios que vivirán como parias derrotados, porque -sin duda- cualquier condena doméstica por ese delito encontrará la justa reversión en el sistema internacional de protección de los derechos humanos.
Contrario a esto último, se distinguirá como demócrata quien proponga derogar el desacato y renuncie a su utilización.

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