La ética del poder

(La Nación, 15/11/2009)

La corrupción en la función pública se origina en el abandono, o en la ignorancia, de la concepción que pone a cada ser humano en el centro de toda actividad estatal. Es sobreponer el interés individual o de un grupo, a los derechos de cada persona al bienestar, a la felicidad y a un desarrollo pleno, para todo lo cual el Estado tiene obligaciones correlativas.
​Sutherland, en 1.943, acuño el concepto de «delito de cuello blanco», categoría que reúne los crímenes económicos y financieros cometidos por funcionarios públicos y ejecutivos de grandes empresas. Estos delitos, consumados por quienes ejercen el poder, se caracterizan por producir una altísima dañosidad social, acompañada –contradictoriamente− de una pobre percepción colectiva de su gravedad. Lo último conlleva un «discurso prudente» o «políticamente correcto» de los encargados del control del gasto público y de la persecución criminal, lo que se traduce en debilidad o ausencia de la reacción del sistema penal frente a los corruptos; esto es, en sanciones mínimas o en absoluciones totales.
​Irresponsabilidad a priori de los detentadores del poder, grave daño social, indiferencia colectiva, discurso eufemístico e impunidad. Estos parecieran ser los elementos que favorecen la corrupción en la función pública.
​Para eliminar cada uno de estos ingredientes, debe fomentarse la ética, tanto de quienes ejercen cargos oficiales como de empresarios particulares. Pero no debe verse como algo autónomo que cada cual decide si cumple. La ética es un ordenamiento heterónomo: lo imponen los demás y acarrea sanciones importantes.
​La verdad en la declaración de bienes y la obligación de justificar los incrementos emergentes del patrimonio, con la amenaza de despido e inhabilitación como consecuencia de la mentira, impone una forma de conducirse. La conciencia clara de responder en el futuro por los daños causados por actos corruptos, reprime las tentaciones.
​Educar a la ciudadanía desde el nivel preescolar, sobre las graves consecuencias de la corrupción para el desarrollo de cada ser humano, eliminará la indolencia frente a la corrupción, y fomentará su reprobación y denuncia.
​Dar un régimen de independencia a los entes de control del gasto y de persecución de la corrupción, eliminará los discursos eufemísticos para dar paso a las calificaciones legales precisas, generadoras de responsabilidad por la comisión de actos corruptos. Todo lo anterior propiciará la imposición de sanciones proporcionadas a los daños causados con la corrupción.
​El Ministerio Público de Costa Rica está decidido a calificar con toda claridad y a perseguir penalmente los actos de los corruptos, sin importar el poder que tengan, al tiempo que la Procuraduría de la Ética hace lo mismo en la parte de responsabilidad civil. Un fallo reciente del Poder Judicial terminó con los intocables y anuncia el fin de la impunidad. Estos pueden ser elementos de esperanza.

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