Corrupción y ecuaciones de impunidad

(La Nación, 04/12/2007)

La corrupción en la función pública ha existido siempre y no se trata de un ejercicio exclusivo de algunos latinoamericanos. Solo para ilustrar: En el Imperio Romano se calificaron de corruptos, excesivos y sospechosos –al menos– los gobiernos de los emperadores Tiberio (14-37 d. C.), Calígula (37-41 d. C.) y Nerón (54-68 d. C.). De fecha más reciente es “La Operación de Manos Limpias” contra la corrupción italiana, que empezó en Milán en la madrugada del 22 de abril de 1.992, con la detención de empresarios que celebraron contratos de construcción y suministros con la administración pública; en el mismo año comenzó la persecución dura contra la mafia, muy ligada a la corrupción, cuyo costo se pagó con la vida de muchos funcionarios probos, entre los que destaca el nombre de Giovanni Falcone, cobardemente asesinado en un atentado con explosivos. Deben sumarse, entre otros ejemplos, el caso Flick en Alemania, los expedientes Elf y Crédit Lyonnais en Francia y Los GAL en España. Todos recordamos el escándalo de Watergate en Estados Unidos, por el que se vio obligado a dimitir el presidente Richard M. Nixon.
Estos no son los únicos registrados en la historia, pues se trata de infinidad de hechos de corrupción en la función pública en todo el planeta. Su presencia en la civilización es una constante; sin embargo, por la reacción social, es posible clasificarla en corrupción blanca, “legitimada” por las clases poderosas (política y económica) y tolerada por el pueblo; y corrupción negra –rechazada por todos–, que involucra a personas sin poder formal, con una gran capacidad de violencia y con una actividad evidente (Pierre Lascoumes).
Al parecer, la visibilidad y los “límites” de los actos corruptos condicionan la reacción social: esto es, la tolerancia o el rechazo. Así, hubo aceptación implícita mientras se pensó que la corrupción de altos funcionarios públicos o de poderosas figuras políticas se reducía al mínimo, tanto en actos desviados como en costo económico; pero, cuando se corrió el velo y se dio en la cuenta que no había límite al daño, el rechazo se generalizó.
Podría afirmarse que suena el réquiem de la corrupción blanca y ahora la corrupción es solamente una, repudiada por todos y con grandes posibilidades de castigo. Pero eso todavía no es una verdad, porque en el tiempo se estructuró una ecuación garantizadora de tranquilidad para los “caballeros blancos”: Corrupción blanca más Poder político es igual a Impunidad:

Cb + Pp = I

No en vano, la jueza Eva Joly, quien tuvo a su cargo la investigación del caso Elf en Francia, ha dicho del vínculo entre corrupción e impunidad, que los corruptos están por encima de la ley, gozan de la simpatía y de la influencia suficiente como para sustraerse de la investigación criminal y, en última instancia, para evitar la condena penal.
Hubo reacciones ante los graves problemas generados por el vínculo de los “caballeros blancos” con la delincuencia organizada –en especial económica y de legitimación de capitales– que socava la democracia e impide el desarrollo y progreso de los pueblos. En 1.993, se crea la ONG Transparencia Internacional, para informar y luchar contra la descomposición pública. En 1.996, quince magistrados hacen la “denuncia de Ginebra” acerca de los obstáculos políticos, técnicos y de cooperación internacional que impiden investigar crímenes económicos y financieros. Tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional establecieron en 1.998 el criterio de lucha contra la corrupción para valorar la buena gestión económica. También se suscribieron las convenciones de la ONU y de la OEA contra la corrupción.
Surgió así el compromiso de los Estados para investigar y castigar hechos de esta naturaleza, por lo que hoy son de resonancia causas judiciales en Europa, Centroamérica y Sudamérica. Esos procesos son un indicador de la pérdida de poder político y de influencia, que poco a poco sufren los corruptos blancos de donde podríamos pensar –otra vez– en la reducción de la impunidad. Sin embargo, en busca de sustraerse a las sanciones penales, se espera –igual que sucedió en el viejo continente, en forma muy marcada en Italia– la fusión de la corrupción blanca con la corrupción negra para sustituir el poder y la influencia política perdidos por la primera, por los métodos de la segunda (Poder de la corrupción negra).
La nueva ecuación es:

Cb + Pcn = I

Se pondrá al servicio de la corrupción blanca la gran capacidad de violencia de la corrupción negra para alcanzar impunidad; los objetivos serán funcionarios, testigos y periodistas, sobre los que se agotarán las vías del pago ilegal, y cuando eso no resulte se recurrirá a la difamación y a la calumnia, a la descalificación y a la amenaza, a la coacción y a la extorsión, a las lesiones físicas y al homicidio. Igual que sucedió a Falcone en Italia y a Joly en Francia, las presiones, la contumelia y todo ataque a la dignidad y al decoro de funcionarios, testigos y periodistas, se originará en los sectores descompuestos y permeados de las estructuras formales de poder, pero también en particulares reclutados y pagados para esos efectos.
Esto ya es realidad en algunos Estados del subcontinente y es muy claro que ningún país está vacunado contra ese mal.

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