Independencia judicial y prevaricato

​​(La Nación, 19/05/2009)

Quienes hemos dedicado nuestra vida profesional a la administración de la justicia, defendemos, “a capa y espada”, la independencia de cada juez. No se trata de un derecho del juzgador, sino del ciudadano. Las partes de los procesos judiciales deben tener certeza que el funcionario o funcionaria ante el cual actúan, es quien resolverá de acuerdo a la constitución, a la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional, a la ley y con base en la prueba lícita incorporada al proceso. En un Estado de derecho, el juez tiene el poder para decidir sobre las peticiones de las partes, sin influencia o subordinación a otros funcionarios, o a intereses económicos, políticos o criminales, ajenos al caso bajo su conocimiento.
​En esta parte, Costa Rica ha logrado importantes avances como la inamovilidad en los cargos judiciales, pues una vez hecho un nombramiento, el juez o la jueza no pueden ser despedidos sino por las faltas establecidas en la ley.
​Pero esa independencia del juez no es más –y subrayo: no es más− que el poder valorar las pruebas e interpretar las normas con criterio jurídico; esto es, como producto de un razonamiento objetivo e imparcial. Y como corresponde a un Estado de derecho, todo aquel que tiene poder encuentra límites establecidos para evitar el abuso, y quien transgreda esos límites, de manera indefectible debe asumir la responsabilidad. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Luis Paulino Mora, señaló con claridad meridiana: “[…] el cargo de servidor judicial, como representante de la justicia, está sujeto a una rigurosidad ética y legal singular […] cuanto más alto el puesto, mayor la responsabilidad […]” (Un triste capítulo, La Nación, 2 de octubre de 2.007, p. 31A).
Es una verdad incontestable que ‘independencia judicial’ no es sinónimo de ‘irresponsabilidad’.
​Tanto en la dinámica de valorar pruebas como en la de aplicar las normas, habrá diferencias de criterio jurídico y errores in procedendo e in iudicando, que deben encontrar los correctivos a través de los recursos previstos en la ley (revocatoria, apelación y casación). Sin embargo, cuando no se trata de simples diferencias de criterio o de errores en la valoración de la prueba o en la interpretación de las normas, sino de las gravísimas acciones de dictar –intencionalmente− resoluciones contrarias a la ley o fundadas en hechos falsos, se configura el delito de prevaricato.
Para iniciar la investigación penal por este hecho, como por cualquiera otro, resulta suficiente una estimación de probabilidad acerca de su comisión.
​Recientemente el Ministerio Público –con absoluta reserva– inició una investigación penal preparatoria por el delito de prevaricato, en la que figura como imputado un juez. Este funcionario llevó el caso a los medios de comunicación, exponiéndose, por voluntad propia, al juicio de la prensa y del público. Fue el imputado el primero en dar declaraciones y ha continuado haciéndolo junto con sus defensores.
Preocupa esta forma de proceder, pues lleva información parcializada al público, y podría dejar la equívoca perspectiva de un atentado contra la independencia judicial. Todo lo contrario pasa en la realidad: existe la probabilidad fundada de la comisión del delito de prevaricato, y eso lo confirman las medidas cautelares impuestas, en este caso, por el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José, que se basó en ese juicio de probabilidad para separar provisionalmente al imputado de sus funciones judiciales. Si cometió el delito o no lo cometió, es un asunto que se elucidará en el curso del proceso mediante una sentencia, sea esta un sobreseimiento, una absolutoria o una condenatoria.
La cobertura periodística provocada por el imputado, puede llevar a tres errores: (i) pensar que se ha vulnerado la independencia judicial, (ii) condenar mediáticamente al imputado y (iii) creer que la judicatura costarricense es corrupta por donde se vea (Arroyo Álvarez, Wilbert: Un juez independiente, La Nación, 16 de mayo de 2.009). Debe aclararse ya esta situación: no se acomete contra la independencia de los jueces, se está realizando una investigación en cumplimento de los deberes de los fiscales; el inicio de las pesquisas y la aplicación de medidas cautelares al imputado, no permite concluir que sea culpable, pues eso lo determinarán los tribunales; y, en justicia debe decirse con la mayor vehemencia, la mayoría de los funcionarios y funcionarias que administran justicia en Costa Rica, tienen vocación por la probidad, por la dedicación y por la excelencia profesional.

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