Juicios penales y argumentación

(La Nación, 09/10/2007)

Cada pueblo, por medio de sus representantes en el Poder Legislativo, toma la decisión política acerca de la forma de administrar justicia; esto es, se establecen normas reguladoras de actos jurisdiccionales, de poderes y de deberes de la partes en litigio, cuya suma total resulta ser el proceso. Según sea el fondo a resolver, hay procesos de distinta naturaleza como constitucional, familia, contencioso administrativo, laboral, etc.; sin embargo, limito este comentario al proceso penal.
Tienen particular relevancia las disposiciones que responden a las interrogantes relativas al quién y al cómo se dicta la sentencia, porque esto determina el sistema de justicia criminal en su conjunto.
En los países que encargan al jurado popular la decisión de las causas penales, declarar culpable o inocente al acusado es asunto de conciencia; así, el jurado resuelve con base en la prueba, separándose de la prueba y aún contra la prueba. La sentencia no expone un razonamiento fincado en los elementos de juicio obtenidos de testimonios, pericias y evidencia científica, pues el veredicto se reduce a las palabras “culpable” o “inocente”; esto deja en total desamparo a las partes, en tanto desconocen los elementos probatorios considerados para emitir un juicio, con lo cual una condenatoria o una absolutoria podrían ser actos abusivos sin posibilidad de control por vía de la apelación o de la casación ante un tribunal superior.
Frente al jurado, un fiscal o un abogado litigante poseedor de verbo sin contenido, podría lograr una condena o una absolución.
En sistemas como el costarricense, donde la resolución de asuntos penales está confiada a jueces y juezas, la situación es completamente distinta porque los titulares del poder judicial están impedidos de obedecer a su íntima convicción; antes, por el contrario, para concluir en la culpabilidad o en la inocencia del acusado, deben fundamentar su resolución de tal modo que lo decidido responda a un razonamiento lógico productor de un resultado justo y verdadero. Se trata del sistema de sana crítica, en el que los tribunales de justicia integrados por jueces de derecho, no por jurados, deben conocer en juicio la prueba aportada por el Ministerio Público y la defensa, imponerse de ella por medio de los sentidos, escuchar la valoración del fiscal y del abogado defensor, deliberar acerca de todo lo visto y oído y, finalmente, emitir sentencia –se subraya– lógica y justa.
En términos ideales, un orador no podría persuadir al tribunal con peroratas vacías, porque antes de acoger la posición de quien acusa o de quien defiende, el juzgador debe depurar de falacias los discursos y establecer la esencia de la argumentación. La dinámica correcta sería la de escuchar por boca de fiscales y de defensores una propuesta de sentencia; en efecto, cuando los litigantes exponen su criterio para valorar la prueba y para aplicar el derecho, no hacen cosa distinta que tratar de convencer al tribunal acerca de cómo debe resolver la causa, de cuál debe ser la lógica y de cuál debe ser la justicia del fallo.
Los vicios más frecuentes en el razonamiento de fiscales y de abogados defensores son el argumentum ad verecundiam y el argumentum ad hominem. El primero, conocido como falacia de autoridad, pretende que es una verdad incontestable lo dicho por alguien reconocido como autoridad; por ejemplo: “lo dice la doctora X, quien es la madre de la psiquiatría en este país; por tanto, es cierto”. El segundo, el argumentum ad hominem, pretende catalogar de falsa una tesis si quien la dice es cuestionado, lo que suscita la descalificación y el insulto; por ejemplo: “el testigo es drogadicto, ergo su versión es falsa”.
No obstante, las declaraciones recibidas en juicio son confiables o no confiables, si apreciadas de conformidad con las reglas del entendimiento humano son o no son dignas de crédito; nunca por la autoridad ni por los cuestionamientos hechos al deponente.
Estas desviaciones del correcto razonamiento, generadoras de ilogicidad y falsedad, algunas veces han sido encontradas en sentencias de los tribunales de juicio, corregidas después por la Sala III de la Corte Suprema de Justicia o por el Tribunal de Casación Penal, de modo que no se trata de errores atribuibles solo a fiscales y abogados defensores.
Sin embargo, una práctica nueva se observa en la cotidianidad del trabajo forense en lo que hace a la utilización del argumentum ad hominem, pues algunos abogados ofenden y descalifican al profesional en derecho de la contraparte, pretendiendo con ello que el tribunal no crea los argumentos de este.
En las salas de juicios de repente se escuchan oraciones similares a “este fiscalito joven e inexperto” o “este que se graduó en la desprestigiada Universidad X” o “su discurso es tan inteligente que debió escribírselo un profesional de verdad”, etc.
Esa forma de expresarse solo surte efecto ante quienes no han comprendido que los argumentos, de interés para jueces y juezas, son los referidos a la valoración de la prueba y a la aplicación de la ley, porque tanto el juzgador como la juzgadora que conozcan su oficio jamás resolverán en función de la autoridad o de lo cuestionado de quien patrocina una causa. Son de rechazo el argumentum ad verecundiam y el argumentum ad hominem.
Con ataques personales al profesional en derecho que se tiene al frente, o con el reconocimiento de autoridad a quien algo dice, no se gana más que engañar al observador del debate judicial. Pero no puede negarse que el insulto, el cuestionamiento difamatorio y la descalificación personal son prácticas odiosas y ajenas a la ética del ejercicio forense, por lo que es de esperarse una intervención de la Fiscalía del Colegio de Abogados, sobre todo en aquellos asuntos en que la notoriedad y la prensa han desnudado a quienes se conducen muy distantes del marco deontológico de la abogacía.

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