La defensa siciliana

(La Nación, 15/07/2009)

Para quienes no lo conozcan, el ajedrez es un juego de guerra consistente en el enfrentamiento de dos contendores sobre un campo de batalla −una cuadrícula de 64 casillas o escaques− en la que cada jugador cuenta con armas de distinto poder y capacidad de maniobra: la dama, la más valiosa por su alto poder ofensivo y mayor capacidad de desplazamiento; los alfiles, que son armas de largo y mediano alcance por las diagonales; los caballos, de extraordinaria maniobrabilidad en espacios cerrados; las torres, altamente destructivas cuando encuentran campo abierto; y los peones, con muy poca capacidad de ataque y de movimiento, normalmente sacrificados para logra posición y abrir la defensa del contrario.
De todos los trebejos, el rey es la pieza de mayor valor al tiempo de ser la más inútil durante al batalla; sus movimientos son cortos, por lo que su ofensividad es mínima; sin embargo, gana el juego quien ponga al rey en jaque mate: bajo amenaza sin que pueda obstruir la fuente de ataque, o sin que pueda evadirse a una posición segura. De todas las piezas el rey es la más sensible, de modo que en su defensa se sacrificará cualquiera otra.
Dentro de una gran variedad de aperturas y defensas en el ajedrez, se reconoce la defensa siciliana, creada por Pietro Carrera. Supone, no solo una fuerte protección del rey, sino muchas posibilidades de agresivos contraataques desde el inicio de la partida.
Semejante a esta defensa ajedrecística, sucede en algunos juicios penales seguidos contra grupos de imputados, entre los cuales figura un ‘capo’ del crimen organizado (“[voz it.] m. Jefe mafioso […].” http://www.wordreference.com ). Normalmente cuando se logra llegar hasta la etapa de juicio oral y público con el mandamás de un grupo mafioso sentado en el banquillo, es porque las pruebas en su contra son abundantes y la probabilidad de condena elevada; esto lo hace vulnerable en el proceso penal −como el rey en el ajedrez−. Pero además, los otros imputados, quienes regularmente son las piezas de que se vale el capo para la operación de su estructura criminal, están dispuestos al sacrificio y a pagar con prisión si se logra la sentencia absolutoria para el jefe mafioso; son los peones, alfiles, caballos, torres y la dama, dispuestos a asumir sanciones penales “en el nombre del capo”.
Lo que cierra el círculo de similitudes con la defensa siciliana, es el contraataque de los capos y de las organizaciones criminales, a las funcionarias o a los funcionarios encargados de la persecución penal: de la judicatura, del Ministerio Público y de la policía; así como contra las víctimas y los testigos. Se trata de embates al honor, de amenazas y de otras acciones de hecho, así como de demandas judiciales contra la persona o contra su patrimonio.
La finalidad del contraataque es clara: hacer saber a la persona de los riesgos a que se expone si enfrenta al crimen organizado, pero, sobre todo, si toca a los capos.
Tenemos casos recientes de juicios orales en que los imputados asumieron responsabilidad en sus declaraciones, y pretendieron liberar de todo al capo. Hay denuncias penales y querellas así como procesos civiles, iniciados contra funcionarias y funcionarios de la administración de justicia, solo por el hecho de cumplir sus deberes legales y perseguir organizaciones de roba-carros, de blanqueadores de capitales, de sicarios y de corrupción en la función pública, entre otros. De estos contraataques, porque los vivieron en carne propia, dan cuenta el Ex-Fiscal General de Colombia Alfonso Valdivieso, así como el Fiscal Antimafia Italiano −muerto en un cobarde atentado− Giovanni Falcone. El contraataque es parte del método de las organizaciones.
Ya tenemos la ley de protección de víctimas y testigos, pero pareciera que todos los funcionarios y funcionarias objeto del contraataque del crimen organizado, deben ser protegidos jurídicamente por una esfera de inmunidad relativa, de carácter funcional, para que puedan desarrollar plenamente su trabajo en la persecución criminal.
Este sería un gran mérito del Poder Legislativo.

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