La ética del Ministerio Público

(Carta dirigida al Ministerio Público de Costa Rica, 08/10/2007)

Estimadas compañeras y estimados compañeros:
Como es sabido, el Tribunal de Juicio de San José dictó el pasado 25 de septiembre, sentencia condenatoria en el proceso conocido como caso Burgos. Tres Juezas, en forma unánime, impusieron 35 años de prisión por uxoricidio a un profesional en derecho dedicado al servicio de la Defensa Pública; así como 2 años de prisión con beneficio de ejecución condicional de la pena por 5 años, a una ex-integrante de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General de la República, por el delito de favorecimiento personal.
Probablemente la causa continuará en su fase impugnaticia, por lo que habrá tiempo de valorar lo juzgado desde la perspectiva jurídica. Sin embargo, se impone la reflexión desde otros perfiles.
Es lamentable que tanto la víctima, como el homicida y la encubridora, pertenecieran al Poder Judicial, a la Defensa Pública y al Ministerio Público. Más allá de la afectación institucional, está también el impacto humano de saber que compartimos con alguno o con los tres, por razones meramente funcionales o sociales, o porque surgiera una amistad.
No obstante, de esta coyuntura de adversidad debemos aprender.
Tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial salieron fortalecidos, porque por encima de todo se aplicaron la constitución y las leyes, y se hizo efectivo el valor de las normas éticas que nos rigen.
Desde el momento inicial de la pesquisa los fiscales a cargo no escatimaron esfuerzos en descubrir la verdad, el Tribunal no juzgó a personas sino hechos, y, a pesar del juicio paralelo que se intentó con utilización de la prensa, no hubo desviaciones. La decisión, objetiva e imparcial, materializa la igualdad de todo ciudadano ante la justicia, sin importar la amistad o el compañerismo.
Es una oportunidad para reafirmar la vocación del Ministerio Público por la verdad, la transparencia, la integridad y la prudencia, que son los medios para alcanzar los más nobles fines del Estado de Derecho: la Libertad y la Justicia. Es también momento para observar que el Tribunal de Juicio del I Circuito Judicial de San José, ha confirmado que, en el cumplimiento de nuestras funciones, los representantes del Ministerio Público tenemos mayor responsabilidad ante el pueblo, que somos depositarios de poderes específicos para hacer cumplir las normas jurídicas y por eso nuestras faltas son más reprochables.
Ante esta situación se manifestó también el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia Luis Paulino Mora, quien dijo recientemente (Un triste capítulo, La Nación, 2 de octubre, p. 31A):
​“[…] está claro que el cargo de servidor judicial, como representante de la justicia, está sujeto a una rigurosidad ética y legal singular, que vincula al servidor aun después de la jornada laboral […] asimismo, cuanto más alto el puesto, mayor la responsabilidad […]”
Los representantes del Ministerio Público somos funcionarios de tiempo completo en quienes el sistema ha confiado la persecución de la criminalidad, por esta razón, y sobre todo por esta razón, no cabe argumentar que el conocimiento de delitos adquirido fuera de horas de oficina se inscribe en la vida íntima o en el secreto profesional del abogado. No practicamos la abogacía y nos pagan por la prohibición de ejercerla. Los temas de disponibilidad o de horas extra no pueden condicionar el cumplimiento de las funciones del fiscal, pues en caso de pretenderse con derecho a percibir alguna suma por esos rubros la acción cobratoria es posterior.
Al asumir el cargo juramos cumplir fielmente nuestros deberes sin condicionamiento alguno, al tiempo de enterarnos que “Dios y la Patria” nos demandarían en caso de quebrantar nuestras funciones. Se trata de cumplir con honor nuestra palabra, de corresponder a la confianza del pueblo, así como de no intentar excusas absurdas si traicionamos nuestra propia honra y a nuestros conciudadanos.
Así lo ha comprendido la mayoría, por lo que aplaudo la reacción masiva de servidores y funcionarios del Ministerio Público, quienes al enterarse de la decisión jurisdiccional de comentario, han expresado su respetuosa complacencia por el reconocimiento judicial de los más altos principios éticos de nuestra función. Este compromiso tan palpable es una esperanza para la democracia que queremos y necesitamos.
Francisco Dall’Anese Ruiz
Fiscal General de la República
8 de octubre de 2.007

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