Esfera de riesgo y conducción de vehículos

(La Nación, 10/03/2012)

Recientemente escuché a alguien acerca de accidentes de tránsito, de daños a la salud o a la vida producidos en carreteras, calificados legalmente como lesiones culposas u homicidio culposo. Me preocupa su idea para “justificarse” y sustraerse de la pena, en caso de incurrir en hechos como los mencionados. Dijo algo similar a esto: “Si el límite de velocidad autorizado es de 90 kms./h, en tanto no lo supere no soy culpable de lo que pase”. Esa idea es peligrosa, tanto para quien la concibió como para sus potenciales víctimas; lleva en sí el desprecio hacia los demás y puede ser el camino a la cárcel.
Al igual que con la conducción de vehículos, las normas jurídicas permiten realizar actividades que ponen en riesgo a otros: las fábricas utilizan calderas que podrían explotar, los laboratorios utilizan químicos que pueden intoxicar y los automóviles utilizan un peligroso y explosivo combustible; podríamos pensar también en el poder destructivo del gas utilizado para cocinar, de las termo-duchas caseras que pueden electrocutar, etc. Todas las enumeradas ponen en peligro vidas y haciendas de otros. En la cotidianidad tenemos bienes y actividades que ponen en riesgo a los demás, y nos viene permitido por la ley siempre y cuando nos mantengamos dentro de lo que se conoce como “esfera de riesgo” cuyos límites legales establecen máximos generales pero las circunstancias particulares –los hechos– pueden cerrar más nuestro espacio de acción.
La conducción de vehículos, como se dijo, es una de esas actividades permitidas que pone en peligro a los demás: el conductor crea un riesgo de muerte o lesiones de terceros, pero se le permite en tanto se mantenga dentro de la esfera de riesgo. El perímetro de la esta lo constituyen deberes objetivos de cuidado –jurídicos (generales) o de hecho (particulares)– que obligan a tomar medidas para reducir el peligro e imponen un incremento de la diligencia para disminuir la probabilidad de causar muertes o lesiones a otros.
Cuando conducimos por una carretera a la velocidad autorizada de 90 kms./h: (i) ¿podemos continuar sin desacelerar si observamos luces intermitentes de otros vehículos? (ii) ¿podemos continuar sin desacelerar si por el espaldón caminan en fila niños tras su maestra del kindergarden? Obsérvese que el deber objetivo de cuidado legal es el de no circular a más de 90 kms./h, pero tanto las luces intermitentes como la presencia de niños que podrían saltar intempestivamente a la calzada, son circunstancias específicas que nos obligan a reducir la velocidad razonablemente por si resultara necesario frenar sin causar daños a la vida o a la salud. Continuar la marcha sin reducir la velocidad, con indiferencia hacia las luces de prevención o a la presencia de niños en la vía, son incumplimientos a los deberes objetivos de cuidado y si se produce el resultado dañoso podrían configurar la culpa penal.
Muchas veces las circunstancias del hecho concreto imponen deberes de cuidado que se sobreponen a las autorizaciones generales de las normas jurídicas.
La culpa penal en hechos de tránsito se configura por violaciones legales o reglamentarias, cuando son causa directa de lesiones o de muerte: exceso de velocidad, mal estado de los frenos, conducción bajo los efectos del licor o drogas, etc. Pero también cuando, a pesar de observarse los deberes legales de cuidado, no se tiene la prudencia de incrementar la prevención en situaciones de hecho que así lo imponen. La pretendida “justificación” apuntada en el primer párrafo no sería bien recibida por los tribunales.
Por razones de espacio quedan fuera de comentario otros elementos configurarivos de la culpa penal, pero al menos creo haber aclarado que el solo cumplimiento de las regulaciones del tránsito de vehículos, al igual que las referidas a otras actividades –p. ej.: tenencia y manejo de armas y explosivos, de agro-químicos, de aparatos de rayos X, etc.– no será argumento de defensa suficiente cuando las circunstancias del hecho concreto imponían extremar cuidados más allá de los requeridos por la ley.

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