Impunidad perpetua

(La Nación, 27/04/2012)

Desde hace algunas décadas el mundo viene reafirmando el principio de igualdad ante la ley, como premisa elemental para luchar contra la corrupción y otras formas criminales. En ese entendimiento, resulta cuestionable la inmunidad absoluta de que gozan ciertos funcionarios públicos solo por el hecho de su investidura, pues este privilegio crea una situación de riesgo para la apropiación o desviación de los caudales públicos o la comisión de cualquier otro delito. No deseo, y no se puede sin pruebas, hacer imputaciones a quienes actualmente gozan de inmunidad absoluta; pero es una verdad –incontestable– la ventaja que esta representa para actuar al margen de la ley.
Este privilegio es un obstáculo procesal que impide seguir causa judicial contra el funcionario o la funcionaria, a menos que sea levantado por la Asamblea Legislativa mediante un trámite especial denominado desafuero o antejuicio. En Costa Rica tienen inmunidad quienes integran el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia, entre otros. No pueden ser juzgados por delito alguno, cometido en el ejercicio de sus funciones o en actividades privadas, sin que se levante dicha inmunidad.
Para paliar un poco el desequilibrio causado por esta figura jurídica, el Art. 34 del Código Procesal Penal establece que la prescripción de la acción criminal (finalización del proceso judicial por el transcurso del tiempo), no corre a favor de funcionarios públicos mientras ejerzan el cargo. Con esto, una vez fuera del servicio público por despido, renuncia o jubilación —desaparecida la inmunidad— el plazo de prescripción apenas comienza de modo que la justicia sí puede moverse contra el ex-funcionario. Esto último se observó, en 1996, como un avance en la lucha contra la corrupción.
Pero la medida se queda corta frente a lo dispuesto por el Art. 30.2 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que obliga a establecer un equilibrio para juzgar con presteza y eficacia a quienes cometan delitos al amparo de la inmunidad. Ergo, a tenor nuestros compromisos internacionales debemos reducir todavía más los privilegios. Seguimos en deuda.
Por eso sorprende –de modo muy negativo– un proyecto de reforma constitucional para perpetuar la inmunidad. Dígase sin eufemismos: “para perpetuar la impunidad”. A contrapelo de los principios de transparencia, responsabilidad personal y rendición de cuentas, obligatorios a todo funcionario público por el Art. 11 de la constitución, la propuesta de reforma incrementa el riesgo de la opacidad y lleva a la irresponsabilidad. Además de ser inconstitucional, choca frontalmente con la citada convención y es un verdadero atentado al principio de igualdad ante la ley.
El retiro del proyecto de la actual agenda legislativa no evita que en el futuro vuelva a estar en el tapete de discusión, por lo que no se ha conjurado peligro alguno. De llegar a aprobarse estaremos asistiendo –como testigos de excepción– al fin y principio de períodos históricos: Costa Rica pasaría del Estado de derecho al estado de corrupción. Resultará así porque ex-presidentes, ex-ministros, ex-diputados y ex-magistrados, nunca serían juzgados ni sancionados a menos que la Asamblea Legislativa les retire la inmunidad vitalicia, decisión esta que no es de esperar.
Sin embargo, antes de concretarse la metamorfosis estará a prueba el sistema inmunológico del Estado: en primer lugar, diputados y diputadas afines a la lucha contra la corrupción podrían formar mayoría para rechazar la iniciativa de impunidad perpetua; en un segundo momento, si se aprobara el proyecto, jueces y juezas, en este caso de la Sala Constitucional, preservarán la democracia o la enterrarán cuando resuelvan si la reforma contraviene o armoniza con la norma fundamental. Estarán en juego el Estado de derecho y la ética política.

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